El 12 de diciembre el Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) emitió una declaración sobre el proyecto de Ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual, que se encuentra a estudio en el Parlamento.
Esta resolución expresa que, si bien la comisión parlamentaria que discutió el proyecto le introdujo algunas mejoras, «siguen vigentes la mayoría de las preocupaciones expresadas por este Consejo en la resolución del 8 de junio de 2021, en tanto el proyecto no ha cambiado en muchos de sus aspectos sustanciales, que implican un retroceso muy importante en esta materia en caso de aprobarse. En este sentido cabe señalar que la mayoría de los comentarios y observaciones que se hicieron desde la Universidad de la República, la sociedad civil y múltiples instituciones nacionales e internacionales afines a la temática, no fueron considerados».
Para analizar el impacto de la legislación propuesta, el CDC contó con la asesoría de un grupo multidisciplinario, integrado por representantes de diversos servicios universitarios, creado en 2021.
Texto completo de la resolución:
DECLARACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL
DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE CONTENIDO AUDIOVISUAL
Aprobada el 12 de diciembre de 2023
VISTO:
- El Proyecto de Ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual a estudio del Parlamento, que tuvo recientemente aprobación por mayoría en la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados..
- El mandato constitucional que tiene la Universidad de la República (UDELAR) en cuanto a contribuir al estudio y comprensión de asuntos de interés público.
CONSIDERANDO:
- La creación, por resolución del 23.3.21 de este Consejo de un grupo multidisciplinario para analizar el impacto de la legislación propuesta.
- Las diversas actividades académicas y de debate público promovidas por ese grupo, los intercambios con la Comisión parlamentaria que discutió el proyecto, los pronunciamientos de diversas organizaciones profesionales y sociales y la resolución de este Consejo el 8.6.21 en la que se enumeran esos antecedentes y se analiza en detalle el proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo.
- El anteproyecto aprobado por la mayoría de la Comisión parlamentaria el 8.11.23, que contiene algunos cambios respecto al proyecto original.
RESUELVE:
- Reconocer algunas mejoras que la Comisión introdujo al proyecto original del Poder Ejecutivo.
- Reiterar, sin embargo, que siguen vigentes la mayoría de las preocupaciones expresadas por este Consejo en la resolución de 8.6.21, en tanto el proyecto no ha cambiado en muchos de sus aspectos sustanciales, que implican un retroceso muy importante en esta materia en caso de aprobarse. En este sentido cabe señalar que la mayoría de los comentarios y observaciones que se hicieron desde la Universidad de la República, la sociedad civil y múltiples instituciones nacionales e internacionales afines a la temática, no fueron considerados.
- Expresar también su preocupación por los cambios legislativos vinculados a esta temática ya aprobados en las leyes de Rendición de Cuentas y Ejecución Presupuestal de los últimos años.
- Reiterar, en primer lugar, los cambios que este proyecto contiene respecto a la legislación vigente (Ley 19.307)
Se eliminan un conjunto de instituciones previstas en la Ley 19307: el Consejo de Comunicación Audiovisual, la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA), las audiencias públicas con presentación de propuestas comunicacionales para la asignación de frecuencias de radio y televisión, la Defensoría del Público y la Comisión Honoraria Asesora del Sistema Público de Radio y Televisión Nacional. Todas estas instituciones -de las cuales solo ha funcionado hasta el momento la CHASCA y las audiencias públicas- permitirían avanzar hacia un sistema regulatorio de los medios audiovisuales con mayor independencia, transparencia y participación ciudadana. Cabe consignar que, hasta el momento, solo dos de ellas fueron implementadas: la CHASCA y las audiencias públicas, con buenos resultados en ambos casos en materia de transparencia y participación ciudadana. En la no implementación de las demás caben responsabilidades tanto a este como al anterior gobierno. Con la eliminación de todas ellas quedan en manos exclusivamente del Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la URSEC, las decisiones sobre el uso del espectro radioeléctrico y la regulación de los medios de comunicación audiovisuales, que se aleja así de los estándares internacionales hacia los que el país había comenzado a avanzar en los últimos años.
Se modifican los límites a la concentración de medios. Se incrementan de tres a seis la cantidad máxima de licencias de radio y televisión abierta que puede tener un mismo titular y se eleva a ocho las de televisión para abonados. El proyecto original del Poder Ejecutivo proponía aumentar a ocho las licencias de radio y televisión abierta, no ponía ningún límite para la televisión para abonados y eliminaba la figura de grupo económico, que ahora se reincorpora. Se habilita también la transferencia de licencias a empresas extranjeras, aunque ahora dando cuenta a la Asamblea General. Estas son mejoras que hay que reconocer, lo que no quita que, de aprobarse estos cambios a la normativa vigente, se posibilita un aumento de la concentración y extranjerización de los medios de comunicación, afectando su pluralismo y diversidad, y por tanto los estándares de calidad democrática del país. Como lo muestra la experiencia internacional y los estudios nacionales, los sistemas de medios altamente concentrados ofrecen menores estímulos a la capacidad creativa que los productores audiovisuales uruguayos han demostrado en los últimos años y que tanto puede aportar al país en términos económicos y culturales.
Se elimina el cobro de un canon (por el uso de un bien público) a las empresas de televisión abierta y de pago y el Fondo de promoción del Sector de Comunicación Audiovisual. Esto afectará la industria audiovisual, dado que la recaudación de estos fondos debía destinarse a la generación de contenidos televisivos; se perjudica así el trabajo de productores independientes, empresas nacionales y de toda su cadena de valor asociada. Paralelamente, esta disminución en la producción nacional afectará la difusión de las artes, la ciencia, la historia y la cultura uruguaya. Cabe mencionar que este canon no fue cobrado efectivamente o fue devuelto a las empresas de televisión por decretos del Poder Ejecutivo.
Asimismo es relevante remarcar la ausencia, tanto en la normativa vigente como en el nuevo proyecto de ley propuesto, del necesario abordaje de los procesos de convergencia tecnológica que tienden a diluir cada vez más las barreras entre medios tradicionales y digitales. Pese a que en la exposición de motivos sobre el nuevo proyecto se hacía un llamado a poner al día la normativa nacional con la dinámica de estas transformaciones, el articulado no presenta definición alguna sobre estas temáticas. La ausencia de políticas que atiendan estos aspectos puede configurar un déficit en materia regulatoria.
El proyecto original proponía eliminar también varias normas que protegen o promueven el ejercicio de derechos ciudadanos: la objeción de conciencia por parte de periodistas, la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes y los de personas con discapacidad en cuanto a su acceso a los contenidos audiovisuales. Es de destacar que, el anteproyecto aprobado por la Comisión parlamentaria volvió a incorporarlos, lo que merece un reconocimiento a las organizaciones sociales que insistieron en que se mantuvieran y a los parlamentarios que atendieron estos reclamos.
Finalmente cabe recordar que, mediante normas introducidas en las leyes de Rendición de Cuentas y Ejecución Presupuestal de los últimos tres años se aprobaron modificaciones legislativas que habilitan a las empresas de televisión para abonados a prestar servicios de internet, restringen el acceso a las frecuencias para las emisoras comunitarias y renuevan los licencias de las radios y canales de televisión comerciales hasta 2030, incumpliendo los plazos de vencimientos legales.
Por todo lo expuesto, el CDC de la Universidad de la República reitera que, a su entender, el Proyecto de Ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual en discusión en el Parlamento no cumple con los estándares de calidad democrática en materia de comunicación, como sí cumple la normativa vigente, que tuvo una parcial y tardía aplicación en el gobierno anterior y muy escasa en este. La iniciativa habilita una mayor concentración y extranjerización de los medios de comunicación del país, inhabilita la participación ciudadana y no garantiza la transparencia en las decisiones sobre uso de espectro y regulación de los medios. Las modificaciones ya introducidas por la vía de Rendiciones de Cuentas avanzan también en ese sentido.
La Universidad de la República manifiesta su total disposición a realizar aportes para que el país tenga y aplique efectivamente una regulación en materia de comunicación audiovisual adecuada a la realidad y a las necesidades nacionales, y ajustada a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y calidad democrática.
- Remitir esta resolución al Poder Legislativo, para contribuir al debate parlamentario en curso.
Para descargar la resolución, clic aquí.
*Fuente: Portal de la Udelar.
